Google se defiende: Las propuestas del gobierno de EEUU podrían perjudicar a usuarios e innovación
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantiene abierto un proceso judicial contra Google desde 2020, centrado en las prácticas de distribución de su motor de búsqueda. Tras una decisión judicial inicial con la que Google discrepa y planea recurrir, el proceso se encuentra ahora en la fase de determinar las llamadas soluciones o remedios (remedies) para abordar las preocupaciones identificadas por el tribunal.
Google considera que este caso mira hacia el pasado en un momento de intensa competencia e innovación, con la aparición de nuevos actores como ChatGPT y competidores internacionales. La compañía argumenta que las propuestas del DOJ son desmesuradas y perjudiciales.
Las propuestas del DOJ bajo la lupa de Google
Google ha expresado su firme oposición a las medidas sugeridas por el Departamento de Justicia, detallando una serie de posibles consecuencias negativas. La tecnológica defenderá su postura en los tribunales, argumentando que las propuestas van mucho más allá de la decisión del juez y tendrían un impacto negativo en múltiples frentes.
Impacto directo en los usuarios
Según Google, una de las consecuencias más directas sería dificultar el acceso de los usuarios a sus servicios preferidos. Alegan que las propuestas obligarían a navegadores y teléfonos a ofrecer por defecto otros buscadores, como Bing de Microsoft, complicando que los usuarios elijan Google, algo que, según la compañía, hacen por preferencia y no por obligación.
Consecuencias económicas y para la competencia
La propuesta del DOJ busca, según Google, impedir que la compañía compita por los acuerdos de distribución de su buscador.
Esto, argumentan, tendría varias repercusiones:
- Incremento de precios: Fabricantes de dispositivos y navegadores (como Firefox de Mozilla) dependen de los ingresos generados por estos acuerdos. Eliminarlos podría encarecer el coste de los teléfonos móviles.
- Freno a la innovación: La reducción de ingresos podría perjudicar la capacidad de desarrollo e innovación de los navegadores que usamos a diario.
Riesgos para la privacidad y la seguridad
Un punto especialmente sensible es la propuesta que, según Google, les obligaría a compartir consultas de búsqueda sensibles y privadas con terceras empresas, potencialmente desconocidas para el usuario. Esto expondría información privada sin permiso a compañías que podrían no tener las mismas medidas de seguridad que Google, abriendo la puerta a posibles usos malintencionados.
Obstáculos para la Inteligencia Artificial y la innovación tecnológica
Google advierte que las medidas propuestas frenarían su desarrollo en el campo de la inteligencia artificial (IA). Critican la idea de un comité designado por el gobierno para regular el diseño y desarrollo de sus productos, considerándolo un lastre para la innovación estadounidense en un momento crucial de competencia global, especialmente con China.
¿Dividir Chrome y Android?
La propuesta de separar Chrome y Android del resto de la compañía es vista por Google como una medida drástica que rompería estas plataformas, desarrolladas internamente y ofrecidas gratuitamente.
Argumentan que separarlas de su infraestructura técnica y de seguridad no solo crearía riesgos de ciberseguridad, sino que también incrementaría el coste de los dispositivos para los consumidores y perjudicaría a las empresas que dependen de estos ecosistemas.
La alternativa propuesta por Google
Frente a las medidas del DOJ, Google defiende que existe un camino alternativo. Su propia propuesta de remedios se centraría en la contestabilidad de los contratos de distribución de búsqueda, buscando abordar las preocupaciones del tribunal sin generar los perjuicios que, según ellos, acarrearían las medidas del gobierno. Hacen hincapié en la necesidad de cautela al aplicar este tipo de soluciones, citando precedentes del Tribunal Supremo de EEUU.
Próximos pasos
La batalla legal continúa. Google se prepara para defender su postura en los tribunales, argumentando que las propuestas del DOJ son innecesarias y dañinas para los consumidores, la economía, la innovación y la seguridad en Estados Unidos.
El resultado de esta fase determinará cómo se reconfiguran, o no, aspectos clave del ecosistema digital actual.